EDITORIAL
Luego de las explosiones ocurridas en las instalaciones y ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en los estados de Guanajuato y Querétaro, y tomando en cuenta el entorno político del país, es importante hacer al menos tres lecturas de los acontecimientos.1) Puede ser que se trate de una cortina de humo hecha con fuegos artificiales de fabricación china para dejar de lado el chinogate, referente a los 205 millones de dólares, de los cuales al menos 130 millones habrían tenido como destino la campaña presidencial panista del año pasado. Son muchos asuntos los que no coinciden y varios nombres que confluyen en el “histórico” decomiso de billetes verdes: permisos y tratos preferenciales para el “empresario” mexicano de origen chino, Zhenli Ye Gon, convertido en el más importante traficante de seudoefedrina en el sexenio de Vicente Fox; altos funcionarios inmiscuidos en el asunto; contradicciones al interior de la misma Presidencia para tratar de explicar lo evidente, la corrupción galopante al interior de la clase política panista; los legisladores del PAN frenando la investigación del caso. En fin, puros “cuentos chinos” que enredan más lo sucedido. 2) La supuesta participación del Ejercito Popular Revolucionario (EPR) en las detonaciones de Pemex. Esto deja la mesa puesta para justificar un endurecimiento de la política policiaca-militar ejercida desde las oficinas de Bucareli por el titular de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, y que no tiene otro fin que el de criminalizar a los movimientos sociales, estigmatizar a la izquierda social y militarizar al país; disimulando y justificando esas acciones con la supuesta lucha contra el crimen organizado. El mismo miércoles pasado el gobierno movilizó a más de 18 mil efectivos del Ejército, la Armada de México y la Secretaría de Seguridad Pública federal “para fortalecer la vigilancia de las instalaciones estratégicas del país”. En todo caso no debemos olvidar que la principal demanda expresada por el comunicado del EPR fue que el gobierno presente con vida a los compañeros Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos y desaparecidos desde el 25 de mayo en Oaxaca (Apro, 10 de julio de 2007).3) Las explosiones pueden ser utilizadas para apuntalar el argumento de que será mejor entregar la paraestatal a la iniciativa privada ante la falta de recursos para darle un adecuado mantenimiento. Bajo esta lógica el gobierno calderonista estaría preparando la escena para lo que verdaderamente le interesa: privatizar Pemex. Los jilgueros ya se comienzan a escuchar: “Pemex se encuentra en quiebra”. “Las reservas se agotan”. “Pemex necesita millones de dólares para salir adelante y no cuenta con ellos”. “Si se vende Pemex, el gobierno tendría los recursos necesarios para beneficiar a la población”…Ante esto, recordemos que la tesis de que la incorporación de empresarios al sector público es una garantía de éxito no es del todo verdadera. Por el contrario, varios empresarios han incrementado su patrimonio de manera vertiginosa con prácticas de dudosa legalidad cuando han estado en el gobierno. Botones de muestra hay muchos. Jorge Díaz Serrano provenía de la iniciativa privada y hay que ver cómo nos fue. Los empresarios se hicieron cargo del proyecto carretero en los tres sexenios anteriores y el pueblo terminó pagando las carreteras a precios por encima de lo acordado para salvar a estos personajes. No olvidemos también el rescate bancario, el fracaso de la venta de los ingenios y de las líneas aéreas. Todo bajo aderezado la máxima neoliberal: “privatizar las ganancias y socializar las pérdidas”.Es cierto, la situación técnica, económica y financiera de Pemex no es la mejor. Pero tampoco es lo mejor rematar lo poco que le queda al Estado mexicano. Si realmente al gobierno le interesa mejorar la situación de Pemex el camino para andar debe ser otro. Un camino que le permita a Pemex gozar de un régimen fiscal diferente al que actualmente tiene y que lo obliga a entregar el 75 por ciento de sus ingresos por la venta de sus productos, dentro y fuera del país en pago de impuestos; es decir, Pemex destina al pago de impuestos, derechos y aprovechamientos más de 3 de cada 4 pesos de los ingresos que obtiene por la venta de sus productos. El pesado régimen fiscal propició que la petrolera mexicana en el primer trimestre de 2007 continuara registrando pérdidas, por 10 mil 100 millones de pesos. (La Jornada, 15 de junio de 2007). Al cambiar el régimen fiscal de Pemex, el gobierno conseguiría capitalizar a la paraestatal y de esa manera contar con recursos suficientes para la exploración y la ampliación de reservas, inversión, mantenimiento y reposición de equipos en todas sus áreas de operación; además de avanzar hacia una “despetrolización” de las finanzas públicas. Contrario a esto en los últimos 25 años Pemex ha recibido de todo: quinazo; “accidentes” explosivos; descuartizamiento administrativo; Pemexgate; Pidiregas (proyectos de inversión con impacto diferido en el registro de gasto); contratos de servicios múltiples; “ataques terroristas”; desmantelamiento del Instituto Nacional del Petróleo; “alianzas estratégicas”; la venta de los oleoductos; y “contratos de riesgo” prohibidos todos ellos en la Constitución. Por ello debemos enfatizar que Pemex no es del gobierno, es del Estado mexicano, de todos los mexicanos; por eso, el problema no es Pemex sino el gobierno.
