05 DE JULIO DEL 2007

El sistema de partidos en México, que se encuentra a años luz de ser una democracia real, eficiente, operativa, está carcomido por un cáncer terminal: la ambición y la disputa abierta, cruel y descarnada por el poder político y económico, por encima de ideologías, proyectos de Nación y de gobierno, o compromisos asumidos con el pueblo y el electorado, que una y otra vez es traicionado por líderes y dirigentes políticos sin escrúpulos, capaces de ejecutar los menesteres más viles y arrastrarse frente al poderoso en turno, en demanda lastimera de las migajas que se desprenden en el reparto de presupuestos, del patrimonio nacional, de posiciones legislativas, federales y locales, o de simple y llanamente dinero contante y sonante, sin importar el nauseabundo olor de su ilegal origen. Desde hace por lo menos dos décadas, los partidos que constituyen las tres principales fuerzas políticas del país, PAN, PRD y PRI, experimentan en su seno una dañina y abierta disputa por el poder, que cada tres años se reedita y agrava poniendo en peligro la viabilidad de sus principios y proyectos. En estos momentos, ninguno de esos institutos políticos se salva pues la descarada ambición de sus grupos internos sale cada vez con más frecuencia a plena luz del día, y los resultados se resienten en el hartazgo de la gente, en su impotencia, en la pérdida de la esperanza, en la frustración por el hecho de que no cambian las condiciones políticas del país sino para empeorar, lo que, por supuesto, se refleja en las urnas, en el activo rechazo de la ciudadanía a participar en procesos electorales en donde no se respeta la voluntad popular; en comicios donde no gana el candidato con la mejor propuesta y campaña, sino el más sucio, el que cuenta con mayor número de recursos, lícitos e ilícitos; el que tiene una red de complicidades más grande que las de sus adversarios; no el excelente, sino el más corrupto.PRD versus López ObradorEL Partido de la Revolución Democrática, formado por Cuauhtémoc Cárdenas, también resiente desde hace más de seis años una abierta lucha por el poder, que se ha agudizado en los últimos meses. Tras la polémica “derrota” de Andrés Manuel López Obrador el 2 de julio de 2006, mientras que el tabasqueño ocupa su tiempo en reforzar su estructura territorial, estado por estado, para prepararse e ir por la revancha en las elecciones federales intermedias de 2009 y en las presidenciales de 2012, siguiendo una estrategia de denuncia y persistente crítica al gobierno “ilegitimo” de Felipe Calderón, los representantes de las tribus perredistas en la Cámaras de Diputados y Senadores, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en los congresos locales, y en los estados que gobiernan políticos que asumieron el poder bajo las siglas del Sol Azteca, velan sólo por sus intereses facciosos, particulares, de grupo, y aunque en el discurso aparenten seguir los lineamientos de su dirigencia nacional que encabeza Leonel Cota y las directrices del “gobierno legitimo”, en la práctica las cosas son totalmente distintas El ejemplo más reciente de lo anterior lo constituye el llamado de López Obrador a sus seguidores, a los legisladores del Frente Amplio Progresista y gobernantes del Sol Azteca, para que no aprueben la propuesta de reforma fiscal de Felipe Calderón y no establezcan negociaciones “con quienes sostienen una política contraria al pueblo”. Con matices diferentes, los gobernadores de Guerrero, Zeferino Torreblanca; Chiapas, Juan Sabines; Baja California Sur, Narciso Agúndez; Zacatecas, Amalia García; y hasta Lázaro Cárdenas, de Michoacán, no sólo han ido tomando distancia de las directrices marcadas por el tabasqueño, sino que velada y abiertamente han manifestado su determinación de mantener negociaciones con el gobierno de Felipe Calderón, con la justificación de que “cerrar el diálogo implicaría afectar los intereses de nuestros representados”. En la práctica, cada uno de los gobernadores perredistas, con la excepción del jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, han realizado ya negociaciones con el gobierno federal respecto a la entrega de recursos federales a sus respectivas entidades federativas a partir de las partidas presupuestales formales y las que se refieren a cuestiones emergentes. En algunos casos, también han alcanzado acuerdos para el establecimiento de desarrollos turísticos y económicos, como en el caso de Baja California Sur. También en el Congreso los perredistas externaron su decisión de mantener las negociaciones con el gobierno federal.